Por Manuel Fernández Mazieres
Las personas con discapacidad han tenido a lo largo de la historia complicaciones que afrontar y sobrellevar, pero el virus del covid-19 los
afecta de manera desproporcionada debido a las barreras de actitud, ambientales e institucionales que se reproducen en la respuesta al
coronavirus.
Muchas personas con discapacidad tienen condiciones de salud que las hacen más susceptibles de contraer el virus, experimentando síntomas más severos al momento de la infección, lo que lleva a niveles elevados de muerte. Durante esta crisis, las personas con discapacidad que dependen del apoyo para su vida cotidiana se han encontrado aisladas e incapaces de sobrevivir durante las medidas de encierro. La pelea por obtener coberturas de tratamientos, gestionar con la obra social o el sistema público para obtener un turno siempre fue muy complicado, y ahora de manera digital más aún.
Aunque algunas discapacidades no requieren medicación, hay otras que sí y necesitan una visita más frecuente al médico para realizarse controles periódicamente. Muchos de estos tratamientos se suspendieron por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), o fueron trasladados a la modalidad virtual. “Algunas empresas prestadoras de servicios de salud hicieron capacitaciones online para sus usuaries, con el fin de que aprendan a usar el nuevo sistema y puedan atenderse de esa forma. La persona que se
atiende en el hospital público no tuvo esta opción. Estas cuestiones siguen siendo desiguales” explica una trabajadora social en una nota del portal Feminacida.
Otro de los grandes obstáculos a los que se tienen que afrontar las personas con discapacidad es a la falta de acceso al trabajo. Esto sucede debido a la falta de una ley de cupo laboral en el sector privado, debido a la falta de ofertas laborales que ocurre a nivel mundial y sobre todo nacional. Esto les obliga a depender económicamente de un familiar.
Aunque en el 2003 se promulgó la ley 25.689 que reglamenta un cupo laboral para las personas con discapacidad por parte del estado nacional su funcionamiento no se ve en las realidades del colectivo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente un 80 por ciento de las personas con discapacidad en edad económicamente activa no tiene trabajo por diversos motivos. Uno de ellos es el incumplimiento de las leyes de cupo, pero también porque muchas veces los requisitos de
acceso a ciertas políticas públicas le ponen freno a las posibilidades de conseguir empleo.