Ley de VIH: Ya son 28 los diputados que apuestan por su actualización

Por Milagros Frontané

El miércoles 4 de noviembre de 2020, cuatro diputados del Frente de Todos apoyaron con su firma el proyecto de Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, que propone cambios a la norma vigente por cuanto perdió actualidad. De esta forma, ya son 28 los representantes de diferentes colores políticos que firmaron el proyecto de ley que impulsa modificaciones a la normativa actual.

Los últimos diputados en sumarse fueron Victoria Rosso, María Rosa Martínez, Marcelo Koenig y Florencia Lampreabe.

Al día de la fecha el documento continúa en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación a la espera de ser discutido en el Parlamento.

El proyecto de ley busca la actualización de la norma vigente, aún y en medio de la pandemia del COVID-19, porque quedó obsoleta. En el proyecto nuevo se incorporaron debates cuyas conclusiones dotaron al documento de una perspectiva de género y derechos humanos. Estas nuevas modificaciones tienen como objetivo brindar una respuesta integral a las desigualdades y necesidades que aparecieron en las últimas décadas.

Según el Comunicado de Prensa emitido por el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, la Ley 23.798 de 1990 (Ley Nacional de Sida) tiene más de 30 años y una perspectiva biomédica. El enfoque biomédico entiende a las personas con VIH como individuos que solo pueden ser medicados y no como sujetos insertos en una sociedad con instituciones, que tienen otras necesidades y subjetividades por afuera de sus tratamientos.

El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH del que participan más de 30 redes y organizaciones que  se ocupan de esta probremática, redactaron el proyecto de ley, que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el 25 de septiembre. Y el pasado 26 de octubre lo presentaron públicamente en vivo.

No es la primera vez que se presenta un proyecto de ley para modificar la ley que actualmente rige. En el 2016 el proyecto de ley perdió estado parlamentario pese a haber contado con un dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Dos años antes el proyecto no había sido tratado, directamente. Y el 1º de diciembre de 2019 ocurrió lo mismo que en 2016.

Entre las temáticas que se ofrecen en el actual proyecto de ley se incluyen la garantía al acceso a los medicamentos, los tratamientos y la asistencia social, legal, psicológica y médica, entre otros. A su vez, el proyecto exige que se eduque a la población en lo referido al VIH y a las otras enfermedades, y que mejore la cantidad y calidad de la información ofrecida a la población con el propósito de reducir la discriminación y la criminalización que surge de los prejuicios que estigmatizan a las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. Además, el proyecto plantea que el Estado debe garantizar la cobertura universal y gratuita de los medicamentos y la asistencia médica. Así como el derecho a acceder al sistema de salud, a puestos de trabajo, a educación y a cualquier otro ámbito.

El proyecto también exige el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que padecen alguna de estas patologías. Inclusive plantea la prohibición de las pruebas diagnósticas que informen acerca de la salud de las personas seropositivas con el objeto de justificar la exclusión laboral. José María Di Bello, militante de la Fundación Grupo Efecto Positivo afirmó en tal sentido, que las personas que viven con VIH atraviesan una situación muy crítica para acceder al empleo porque la discriminación se acrecienta y continúan los testeos forzosos en los pre-ocupacionales. Eso significa que «el 70 % de las personas que tienen VIH no pueden acceder al ámbito laboral”, disparó Di Bello.

Por su parte, Matías Muñoz, miembro de la Asociación Ciclo Positivo detalló: “necesitamos ir con una política activa de reducción de la discriminación. Por eso, el texto propone no solamente la prohibición del test de VIH y Hepatitis en el pre-ocupacional sino, la prohibición de todo tipo de discriminación en otros ámbitos sociales. Hemos visto años anteriores hasta la negación de créditos o de seguros de vida a personas, solo por el hecho de tener VIH”.

El proyecto de ley también contó con la participación de diputados de distintas fuerzas políticas como la UCR, la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, y del Partido Socialista.

La necesidad de su pronto tratamiento se da en un marco complicado. Semanas atrás, el Director de Respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación, Sergio Maulén renunció tras una serie de denuncias y reclamos por falta de insumos y el recorte de presupuesto para la atención pública a pacientes con VIH sufrida en 2019. Él ya formaba parte del área de VIH en 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

A pesar de la recreación del Ministerio de Salud de la Nación, por parte del actual Presidente de la Nación, Alfredo Fernández, aún no ha habido giro alguno respecto a estas falencias. Y, en el marco de la reducción presupuestaria, de la devaluación y la inflación creciente, no se avizoran prontas respuestas para quienes viven con el virus. Esto ha producido descontento en distintas agrupaciones y organizaciones no gubernamentales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en Argentina viven 129 mil personas con VIH, el 20% de ellas lo desconoce. El 83,5% está en tratamiento y se atiende en el sistema público de salud.

Además, datos de Fundación Huésped indican que al mismo tiempo que en nuestro país diecisiete personas se infectan de VIH, otras cinco mueren de Sida. Por esta razón afirman que no hay más tiempo y que el Estado debe responder a sus demandas cuanto antes.

Crédito Foto: Anna Shvetz (CC0)
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