El desalojo pergeñado por los varones Etchevere entre tribunales entrerrianos y la hegemonía mediática

Por Gisela Díaz

Dolores Etchevehere es la única hija mujer de una de las familias terratenientes más poderosas y ricas de Entre Ríos. Enfrentada con sus hermanos varones nunca pudo participar ni tener total conocimiento de los negocios de la familia. En 2009 -tras la muerte de su padre- Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere le impidieron el acceso a sus derechos hereditarios. Esto generó una lucha contra su familia y un pedido por justicia, verdad y reparación histórica.

La creación de Proyecto Artigas fue el puntapié para seguir exigiendo sus derechos. «He decidido ceder el 40 por ciento de mi herencia para construir un proyecto agro ecológico sobre las tierras que me corresponden, un cuarto de la sucesión de los Etchevehere”, explicaba Dolores Etchevehere el pasado 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, en el vídeo con el que se daba a conocer el Proyecto Artigas. En dicho anuncio, la hermana del ex presidente de la Sociedad Rural y ex Ministro de Agroindustria del ex Presidente Mauricio Macri también denunciaba a sus tres hermanos por violencia económica y administración fraudulenta de la herencia: “Es una reparación histórica de lo dañado por los Etchevehere corruptos”, denunciaba Dolores. Ella lleva once años investigando y denunciando a sus hermanos en la justicia sin obtener resultado alguno. Es en este marco y -asegura- frente a un “entramado de corrupción política, judicial e intereses económicos”, que surge el Proyecto Artigas, una red integrada por movimientos sociales, campesinos profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente. El espacio tuvo su bautismo hace un mes, cuando de forma pacífica ingresó -junto a Dolores- a la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos. Ese día, el 15 de octubre de 2020, los Etchevehere presentaron una denuncia por usurpación y amenazas.
Al día siguiente, el 16 de octubre, el propio fiscal Oscar Sobko aseguró que no había habido violencia ni usurpación. Pero en los días posteriores readaptó su discurso público para pedirle al juez Raúl Flores una medida cautelar que ordenara el desalojo de Dolores y de los integrantes de Proyecto Artigas. El magistrado, sin embargo, desestimó el pedido y reconoció los derechos de Dolores sobre una porción de las tierras. Atento al despliegue de matones y ruralistas que rodearon la estancia, el juez Raúl Flores estableció una medida perimetral como límite a las amenazas y a los actos de amedrentamiento de los Etchevehere.

A esa altura, la familia más poderosa de Entre Ríos ya contaba con el respaldo político de referentes de la oposición. Los Etchevehere no sólo no cumplieron la disposición judicial, sino que hicieron gala de su impunidad al desafiarla en varias oportunidades prepoteando hasta a los efectivos policiales que resguardaban en la tranquera. A todo esto, los medios hegemónicos desplegaron su arsenal desinformador -o tergiversador- para deslegitimar la causa artiguista y sus referentes, aducir intencionalidades políticas, o bien confundir las razones del trasfondo del conflicto con las tomas de tierras como las de Guernica.

La estrategia tuvo sus resultados en distintos planos. Los gobiernos provinciales y el nacional no tardaron en salir a despegarse de la iniciativa, a tal punto que el propio Alberto Fernández calificó el caso como “cosas que pasan entre ricos”. A tan sólo dos semanas del ingreso a Casa Nueva, fue patente cómo el lobby y el peso de -como los calificó su hermana- “los Etchevehere corruptos”, surtió efecto en la arena judicial. De hecho, el 29 de octubre la jueza María Carolina Castagno dejó sin efecto la decisión de su colega Flores y ordenó desalojar de la estancia a Dolores Etchevehere y a los integrantes del Proyecto Artigas.

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